Tras la reunión mantenida por parte de los representantes de los Consejos y/o Colegios sanitarios de Andalucía de enfermeras, médicos, dentistas, farmacéuticos, veterinarios, podólogos, ópticos-optometristas, fisioterapeutas, psicológicos y logopedas, se ha remitido una carta dirigida a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía para denunciar el fuerte incremento que se viene produciendo en las tasas devengadas por la tramitación de expedientes relativos al funcionamiento de centros y establecimientos sanitarios

Por su parte, la nueva ley 10/2021 de tasas y precios públicos de Andalucía, que entró en vigor el pasado mes de enero ha supuesto incrementos de todas las tasas por encima del 700%.

El pasado 22 de abril los representantes de los consejos y colegios sanitarios de Andalucía de enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, podólogos, ópticos-optometristas, fisioterapeutas, dentistas, médicos, psicólogos y logopedas, que representan a más de 141.000 profesionales, mantuvieron una reunión para abordar cuestiones que afectan directamente a las profesiones sanitarias, como la publicidad o el intrusismo profesional.

Por su parte, uno de los asuntos más relevantes que se debatieron fue el fuerte incremento que se ha producido en las tasas devengadas por la tramitación de expedientes relativos al funcionamiento de los centros y establecimientos sanitarios a raíz de la entrada en vigor el 1 de enero pasado de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA de 30 de diciembre. “Siendo conscientes de que se trata de una norma aprobada por el Parlamento de Andalucía, queremos expresarle nuestra sorpresa y rechazo por tan desproporcionado incremento de dichas tasas. Esta circunstancia ha generado numerosas quejas por parte de colegiados titulares de centros y establecimientos sanitarios que han visto que ese incremento supere en todos los casos el 700% en comparación con la tasa vigente anteriormente” explicaban los representantes.

Además, los consejos/colegios andaluces representados denuncian también la falta de información previa directa de tan importante modificación legislativa de forma que hubiesen podido ofrecer sus aportaciones a la hora de hacer los estudios de los costes reales de esos servicios prestados por la Administración.