Un equipo del Consejo General de Enfermería y el representante de los enfermeros de prisiones se ha reunido con el secretario general de Instituciones Penitenciarias para denunciar la situación profesional en la que se encuentran estas enfermeras, con un escaso reconocimiento de su trabajo.
Durante la reunión, Instituciones Penitenciarias ha asegurado que ya está trabajando en esta cuestión y espera poder tener el nuevo reglamento aprobado a lo largo de este año. Un reglamento penitenciario que les otorgará cobertura jurídica en su práctica asistencial diaria acorde a las competencias profesionales que las enfermeras desarrollan día a día.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha comprometido con el Consejo General de Enfermería (CGE) a modificar el reglamento de prisiones del año 81, que está totalmente obsoleto, y a actualizar las competencias de las enfermeras y enfermeros de prisiones. Ha sido durante la reunión que han mantenido ambos organismos cuando se ha puesto de manifiesto la situación profesional de la enfermería de prisiones, además de reclamar mejoras laborales y la actualización de sus competencias. Estas se encuentran en este momento reguladas en el obsoleto Reglamento Penitenciario de 1981 y que no se adecúan a las que actualmente se establecen en la normativa derivada de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) que proclama la autonomía profesional.
Para el organismo que aglutina a las más de 330.000 enfermeras y enfermeros, el actual reglamento está obsoleto y deja desamparadas a las enfermeras y enfermeros de prisiones. Este compromiso se llevará a cabo durante el transcurso del presente año y regulará el marco de competencias de las enfermeras de prisiones y les otorgará la cobertura jurídica que necesitan. Con esta modificación, Instituciones Penitenciarias buscará soluciones ante una situación que exige actuar sin más demora con el fin de evitar perjuicios para el sistema sanitario penitenciario y a los propios profesionales, que no solo merecen estar protegidos con seguridad jurídica respecto de sus actuaciones profesionales, sino también obtener el reconocimiento que corresponde a las funciones y cometidos que actualmente desempeñan.
“El reglamento penitenciario que rige las competencias de las enfermeras y enfermeros que trabajan en prisiones es totalmente obsoleto, es de 1981, recoge unas competencias de hace 42 años que no se ajusta, para nada, a la realidad que viven los enfermeros y enfermeras que trabajan en prisiones, por lo tanto, les hemos pedido esa actualización del reglamento en base al documento marco aprobado mediante la Resolución 13/2019 en el seno de la Organización Colegial por la Asamblea General, donde figuran claramente las competencias que tienen las enfermeras y enfermeros en estos momentos en el ámbito de Instituciones Penitenciarias. El secretario general de Instituciones Penitenciarias y su equipo nos ha trasladado un compromiso firme de actualizar ese reglamento, de hecho, tenían en el despacho nuestro documento marco de competencias como referente para realizar el cambio del reglamento penitenciario y creemos que a lo largo de este año pueda hacerse esa actualización que es fundamental porque va a dar cobertura jurídica también a las enfermeras y enfermeros en su práctica asistencial diaria, además de poner en valor realmente toda la aportación sanitaria que hacen las enfermeras en prisiones”, afirma Diego Ayuso, secretario general del CGE.
Junto a Diego Ayuso han estado presentes el director de los servicios jurídicos del CGE, Francisco Corpas y Eusebio Espuela, enfermero del Centro Penitenciario de Valdemoro, Madrid III, como representante de los enfermeros de prisiones. Por parte de Instituciones Penitenciarias han acudido, además del secretario general, la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez, y Eugenio Arribas, subdirector general de recursos humanos de Instituciones Penitenciarias.
Reivindicaciones
El CGE ha querido dejar claro que este colectivo profesional se encuentra sufriendo contratos precarios y posibles casos de intrusismo, ya que realizan funciones que no son de su competencia. “En esta reunión lo que pretendíamos era un compromiso por parte de la secretaría para que actualizara nuestras competencias dentro del mundo penitenciario. Parece que hay un compromiso real por parte del secretario general en que esto se lleve a cabo y, aparte, han pedido colaboración al CGE para que les ayude en la elaboración de estas competencias. Esto es importante porque así desde la Organización Colegial se podrá velar por que estas competencias sean las apropiadas”, afirma Eusebio Espuela.
Entre las reivindicaciones que se han manifestado no solo se encuentra la actualización de las funciones del cuerpo de enfermería en prisiones, sino también la revisión y determinación, con plena seguridad jurídica, de las funciones que pertenecen a otros profesionales sanitarios y que no pueden ser asumidas por enfermería sin incurrir en posible intrusismo profesional. Durante la reunión también se han tratado aspectos derivados del reconocimiento de la realidad profesional actual de enfermería, para permitir su acceso a la carrera profesional, el establecimiento de los complementos específicos acorde con las funciones reconocidas, así como las cuantías por días especiales.
“La situación actual dentro de prisiones es muy compleja por el déficit de médicos, que en nuestro caso es más agravado. Para nosotros resulta fundamental, primero, un respaldo legal de nuestro trabajo que estaría recogido en esas competencias. Y, por otro lado, una vez que se actualicen las competencias, los complementos que se han quedado desfasados y que no corresponden para nada a la situación que vivimos dentro de los centros penitenciarios, se adapten a nuestra situación real, tanto a las competencias, que se reconozcan, como al trabajo que realizamos dentro de los centros penitenciarios”, concluye Espuela.
En enero de 2019, la Organización Colegial ya remitió al Ministerio de Interior un escrito exponiendo la situación de este colectivo del que no se recibió respuesta y por el que instaron nuevamente al ministro en otro escrito en febrero de 2020. Tras una primera respuesta con buen talante, pero sin soluciones a los problemas expuestos, la Organización Colegial, ante la insistencia lógica de los afectados, ha optado por dirigirse de nuevo ante la urgente necesidad de afrontar una situación preocupante y ante el bloqueo funcional que se puede llegar a producir sin un abordaje real de los problemas manifestados.
