El Consejo Andaluz de Enfermería se adhiere al Sindicato de Enfermería, SATSE y el CGE para rechazar categóricamente el Real Decreto que incorpora nuevas titulaciones de Formación Profesional, una de las cuales, el módulo de “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, puede poner en riesgo la salud de las personas ingresadas en residencias y centros sociosanitarios.
La profesión enfermera, a través del Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha iniciado hoy el proceso para interponer sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la nueva titulación de Formación Profesional “Supervisión a la Atención sociosanitaria a la persona usuaria”, ya que entienden que pone en grave riesgo la seguridad y salud de las personas mayores en las residencias de todo el Estado.
Para la profesión, esta nueva FP supone una merma en la calidad de la atención que reciben las 400.000 personas que viven en residencias de mayores y otros centros sociosanitarios pues en realidad se trata de una solución de bajo coste a la falta crónica de profesionales sanitarios cualificados, una salida que compromete el futuro de la atención a una población de edad avanzada y aquejada de dolencias crónicas como es la española.
“La impugnación de la norma refleja la incoherencia de que se cree una figura no sanitaria para controlar y tutelar a unos profesionales sanitarios perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias. En resumen, se oferta una nueva titulación con capacidad para intervenciones sanitarias como los “cuidados básicos de enfermería” cuando ya existen profesionales sanitarios con un grado universitario que proporcionan esos cuidados que son las enfermeras y enfermeros”, señalan.
En este sentido, desde el Consejo Andaluz de Enfermería mostramos nuestra adhesión a la citada reivindicación, al no considerar necesario que se incorporen nuevas titulaciones sino que se refuercen las plantillas del ámbito sociosanitario y se cuente con los profesionales ya existentes. La falta de enfermeras en las residencias se explica por el déficit crónico de profesionales en nuestro país, un número de enfermeras y enfermeros “a años luz” de países de nuestro nivel socioeconómico, pero también por las precarias e indignas condiciones laborales y salariales que se ofrecen en el ámbito sociosanitario y que desincentivan la contratación de enfermeras.
Desde las organizaciones colegiales confiamos en que los tribunales no permitan el desarrollo de esta cualificación profesional que tanto perjudica a los más vulnerables, los mayores, en los centros sociosanitarios desde un principio, y reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que reflexione y que, frente a soluciones improvisadas que solo generan desconcierto y desazón asistencial y profesional, así como a la renuncia de la calidad de la atención, apueste por las enfermeras como referentes en cuidados y por potenciar la figura de la enfermera especialista en Geriatría y Gerontología como coordinadora de esos cuidados en los centros sociosanitarios.
“No tiene ningún sentido crear nuevas titulaciones y categorías. Eso no va a suponer ninguna mejora en la atención a las personas mayores, sino que se busca simplemente ahorrar costes a la vez que cronifica las condiciones laborales precarias en un sector clave para atender las necesidades de la población más vulnerable”, subrayan.
