REDACCIÓN.- La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado la celebración de la “Jornada #FarmaciayVacunas: Farmacia Comunitaria y Vacunación Antigripal”, organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, con la colaboración inestimable del laboratorio Sanofi Pasteur, principal empresa fabricante de vacunas en España, porque entiende que busca favorecer y cambiar voluntades en la Administración Pública para que se modifiquen las regulaciones necesarias para que las farmacias, que son un negocio privado, puedan vacunar a la población cobrando por ello, a pesar de que es una intervención que están haciendo las enfermeras y enfermeros en la Sanidad Pública desde hace décadas, con plenas garantías para sus pacientes y de forma gratuita.
En peligro la salud y la seguridad de los pacientes
Según la Mesa, el objetivo de esta jornada del Consejo de Farmacéuticos supone un “absoluto disparate” y su consecución supondría un riesgo para la salud de población y la seguridad de los pacientes porque los farmacéuticos no tienen las competencias profesionales para la prescripción y/o administración de cualquier tipo de inyectable, entre ellos las vacunas, ni para prestar ningún otro tipo de asistencia sanitaria.
Asimismo, los farmacéuticos no tienen preparación alguna ni los medios técnicos necesarios para actuar si el paciente sufre una reacción adversa o complicación como consecuencia de la vacunación y, por tanto, podría producirse una situación de gravedad que podría tener consecuencias perjudiciales para el paciente. Además, se añade la circunstancia de que, en un establecimiento comercial, como es el caso de las oficinas de farmacia, no se dan las condiciones sanitarias y de seguridad para la vacunación, apuntan desde la Mesa de la Profesión.
La Mesa señala que la jornada está organizada por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, con la colaboración inestimable de la compañía farmacéutica Sanofi Pasteur, uno de los principales fabricantes de vacunas en España, y por tanto, una empresa con claros intereses en la apertura de nuevos mercados que disparen aún más sus resultados económicos. Sin embargo, debe existir siempre un límite ético y deontológico en el lógico interés comercial de cualquier empresa, y ese límite es la seguridad de los pacientes. Por este motivo, la Mesa de la Profesión Enfermera denunciará también a esta empresa ante la comisión de deontología de Farmaindustria y ante las autoridades sanitarias nacionales y europeas.
Irresponsabilidad política
Desde la Mesa de la Profesión Enfermera consideran una irresponsabilidad política la presencia en este tipo de jornadas de la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, al tener “claros intereses economicistas que atentan contra la sanidad pública”. Por ello, la Mesa de la Profesión Enfermera va a dirigir una queja oficial al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciando la presencia oficial de un miembro de un Gobierno progresista en una jornada que busca la privatización de la sanidad pública y hacer negocio a costa de la prevención y salud de los ciudadanos.
La Mesa de la Profesión Enfermera recuerda que solamente las enfermeras y enfermeros y médicos, desde la independencia y sin intereses económicos de ningún tipo, ejercen y garantizan una atención sanitaria pública de calidad, tanto en el centro de salud como en los domicilios, y una asistencia totalmente adecuada a las necesidades de cada momento vital de las personas. Por su parte, los farmacéuticos están especializados en medicamentos, pero no en asistencia sanitaria y, por ello, la ley no les faculta en este tipo de intervenciones asistenciales (incluyendo la vacunación o cualquier otro tipo de inyectable), ya que supondría un riesgo para la salud de los ciudadanos.
Finalmente, la Mesa Enfermera denuncia igualmente la utilización de término “farmacia comunitaria” por inducir a la confusión a la sociedad al pretender con ello equipararse a los médicos y enfermeros de la especialidad Familiar y Comunitaria. En este sentido hay que recalcar que los médicos y enfermeros de Familiar y Comunitaria están regulados por la legislación desde hace décadas y han tenido que superar una prueba estatal MIR y EIR equiparable a una oposición estatal para acceder a la especialidad. Sin embargo, en el caso de los farmacéuticos, “la farmacia comunitaria” no existe ni está reconocida como especialidad y, por tanto, no está regulada por ninguna norma, decreto o ley.
