El Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros puesto en marcha por el Consejo General de Enfermería en abril de este año acaba de publicar sus primeros datos, relativos al año 2017. Durante este periodo se han registrado un total de 1.593 agresiones a enfermeros. “Con los datos de que disponemos podemos decir que esto es sólo la punta del iceberg, hay mucho más debajo. En aquellas regiones donde hay pocos casos, las cifras nos dicen que se hace un registro insuficiente respecto a lo que está ocurriendo en la realidad. También aparecen comunidades autónomas que no tienen ningún dato registrado, con lo que se vuelve a poner de manifiesto que hay un mal manejo de la información relacionada con las agresiones”, señala Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería.
La tipología de la agresión sigue siendo fundamentalmente verbal, en más de un 70%, mientras que la agresión física está en torno a un 30%. “A nivel penal lo que se denuncia es la agresión física, pero son muchas más las que se sufren a nivel verbal y afectan desde el punto de vista psicológico de una forma muy importante al profesional. Si alguien llega a tu trabajo y te insulta, te amenaza, eso genera una inestabilidad, una ansiedad y un estrés enorme que desde luego no tiene por qué sufrir un profesional enfermero”, subraya Ayuso.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que ha registrado un mayor número de agresiones con 557, un 35% del total, seguida de Castilla y León, con 203, y de País Vasco, con 184. Además, y en relación con los datos publicados por otros colectivos, las enfermeras son los profesionales que más sufren esta lacra. Sin embargo, especialmente llamativo es el hecho de que Cataluña no cuenta con datos al respecto. Como explica el secretario general del CGE ello es debido a la ausencia de un registro sistematizado, “la ausencia de datos registrales arroja una tasa cero de agresiones, que no se corresponde con la realidad”, subraya.
El problema se complica, no sólo por la carencia de datos, también por la dificultad añadida que produce la dispersión de la información. “En función del registro, se contabilizan unas cosas u otras, con lo que a la hora de explotar los datos es muy complicado. Por ello, incidimos de nuevo en la importancia de realizar un registro unificado, homogéneo, a través de nuestro Observatorio Nacional de Agresiones”, señala Ayuso. Además, la denuncia es especialmente relevante pues cualquier tipo de agresión al profesional es un accidente de trabajo. “Si como consecuencia de la agresión sufrida se deriva un problema de salud tendría la consideración de ‘enfermedad profesional’. Si no se declara la agresión, no podrán beneficiarse de la protección por contingencia profesional en el sistema de la Seguridad Social”.
El Observatorio del CGE cuenta con un sistema de comunicación y registro de agresiones unificado de modo que todos los enfermeros españoles puedan comunicar su agresión de forma fácil y a través de un formulario. El documento de registro de agresiones se puede rellenar de manera sencilla en la web el Consejo General de Enfermería a través del siguiente enlace: http://www.consejogeneralenfermeria.org/observatorio-agresiones. Además del formulario, en la página web del observatorio, también es posible acceder a toda la normativa legislativa relacionada con las agresiones a enfermeras, artículos científicos de interés relacionados con este tema y a las estadísticas por años.
“Gracias a este Observatorio podemos unificar la información e intentar una aproximación real al grave problema de las agresiones a enfermeras y enfermeros, obteniendo un beneficio que redundará en toda la profesión, ya que nos permitirá tener un conocimiento fidedigno de este grave problema”, aclara Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. Además, desde el la Organización Colegial piden la colaboración de hospitales, centros de salud e instituciones para que juntos puedan elaborar un registro y las enfermeras puedan ampararse en las coberturas recogidas en las Pólizas de Responsabilidad Civil (asistencia jurídica como consecuencia de agresión física sufrida por el enfermero) y tener el apoyo institucional y jurídico de su correspondiente Colegio Oficial de Enfermería.
El objetivo final, como señala Pérez Raya, “es frenar la lacra de las agresiones al personal sanitario, ya que además de su repercusión en la salud y seguridad de los profesionales afectados, tiene capacidad para incidir de manera negativa en el desempeño de la actividad sanitaria y en la calidad del servicio asistencial que prestan a toda la ciudadanía”.
