DAVID RUIPÉREZ.- El Consejo General de Enfermería (CGE), como máximo órgano de representación de la profesión enfermera y la Organización Colegial de Enfermería, anuncia acciones legales –demanda en defensa del derecho al honor- contra todos aquellos representantes de estamentos médicos que atacan, con injurias y otras manifestaciones públicas, diciendo que la prescripción enfermera de medicamentos –aprobada y amparada por la legislación española- supone un “riesgo” para el paciente. El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, se planta ante los últimos ataques y afirma que no tolerará ningún menoscabo de la capacidad de las 345.000 enfermeras y enfermeros para ejercer una atención sanitaria más eficaz y beneficiosa para el sistema público de salud. Así, el CGE amenaza con demandar a quien ataque la prescripción enfermera.
Pérez Raya asegura que “tomaremos todas las medidas jurídicas para hacer valer nuestros derechos y nuestro desarrollo profesional. Parece que hay estamentos médicos que quieren retroceder, no ya al siglo XX, sino al XIX, con tal de mantener sus privilegios. Basta ya de negar el sentido común y de no conocer la realidad de la práctica clínica. Basta ya de insultar y denigrar a unas enfermeras que se ganan cada día el respeto de profesionales y pacientes”
Guías del Ministerio de Sanidad, aprobadas por consenso
Las guías que marcan las actuaciones de las enfermeras con fármacos de prescripción médica las aprueba el Ministerio de Sanidad, en una comisión de la que forman parte la Organización Médica Colegial —que después las recurre—, las CC.AA., Fuerzas Armadas, mutuas de trabajo y representantes prestigiosos de la profesión farmacéutica de diferentes CC.AA. Y todo ello en cumplimiento de la Ley del Medicamento y el Real Decreto sobre prescripción enfermera.
En relación con los médicos, Pérez Raya afirma que “da pena que esos mismos representantes no sean capaces de asumir lo que la Organización Médica pactó. Las guías de prescripción enfermera fueron consensuadas entre todos los actores sanitarios -médicos, enfermeros, farmacéuticos, Administraciones Públicas…- y los pactos se cumplen por coherencia profesional y democrática. Lo que están haciendo algunos representantes colegiales de los médicos y los sindicatos del ramo es indigno e impropio de instituciones sanitarias serias”.
¿Responsabilidad penal del consejero?
Sorprende, además, que algunos representantes de los médicos a nivel regional, como el Sr. Villarig en Castilla y León, se atreva, muy ufano, a manifestar que tiene la palabra del consejero de Sanidad de la región de que las guías de prescripción no llegarán a aplicarse en su territorio. ¿Un consejero de Sanidad se niega a aplicar una legislación estatal, arriesgándose a incurrir en responsabilidad penal? Es por ello que el CGE hará un requerimiento previo al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, para que manifieste si es cierto lo que afirma el Sr. Villarig. Se incluirá la advertencia de posibles acciones penales para depurar las responsabilidades en las que podría incidir en tal caso.
Mejorar la atención sanitaria
El Consejo General apoya al Ministerio de Sanidad y refrenda la postura del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha expresado, una vez más, que “la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos. Adecuar y compatibilizar las funciones a las capacidades de unos profesionales cada vez más y mejor formados no es para sustituir a otras profesiones, es, sobre todo, para mejorar la atención a los pacientes. Este avance competencial es imparable porque no es algo sanitario, sino una dinámica que lo excede, un factor de estímulo para todas las categorías profesionales y el lugar donde surgen formas mejores de hacer las cosas”.
Es preciso preguntarse también si la judicialización de las guías que regulan la prescripción enfermera, junto a las declaraciones alarmistas e indecentes sobre el “peligro” para los pacientes que supone el trabajo de las enfermeras en este terreno, lo que pretende es generar un cóctel de miedo e incertidumbre y, en general, urdir una campaña para presionar a los jueces con el fin de revertir algo que, en la vía política, no tiene visos de frenarse ante su indudable repercusión positiva en el sistema sanitario.
Para Pérez Raya, “hay que apostar por agilizar la asistencia sanitaria, por aportar valor al SNS y por dar seguridad jurídica a las enfermeras/os en las actividades que realizan en su día a día, que es lo que se está realmente aportando con las guías de indicación, uso y autorización de la dispensación aprobadas por el Ministerio de Sanidad, contando con un grupo de expertos multidisciplinar, donde hay médicos, farmacéuticos y enfermeras a los que se está ninguneando al recurrir estas guías. Pedimos respeto y ajustarnos a la legislación vigente”.
“Cómo puede nadie pensar que todo un Ministerio de Sanidad sea capaz de promulgar una legislación que perjudique la atención sanitaria a los ciudadanos, tal y como se está manifestando públicamente. El daño puede ser irreparable”, concluye Pérez Raya.
